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Fortalecer el compromiso político y económico de los estados de América Latina para que nadie sea dejado atrás.

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Factores estructurales, como el estigma, la discriminación y la violencia sexual sobre la base de orientación y la identidad de género contribuyen a obstaculizar el acceso a los servicios de prevención del VIH, testeo y tratamiento. 

Es fundamental fortalecer el compromiso no solo político sino económico de los estados para que esta población no sea dejada de lado, acelerando la oferta de servicios innovadores desde un enfoque de derechos humanos y asignando los recursos donde crece la epidemia. 

En la región la terapia antirretroviral y los programas preventivos de la transmisión vertical del VIH son fundamentalmente financiados por fondos nacionales en la mayoría de los países (13 países financian un 90 % o más). Sin embargo, la dependencia de donantes es alta para programas preventivos dirigidos a poblaciones en mayor riesgo, como los hombres gay y otros que tienen sexo con hombres, incluso en países de renta media alta. Por ejemplo, en programas preventivos dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres la dependencia es alta en diez países de la región. 1/3 de los fondos reportados como destinados a programas preventivos dirigidos a poblaciones en mayor riesgo provino de fondos de donantes internacionales.